El seguro de bienes comunes es una póliza obligatoria en Colombia, bajo la Ley 675 de 2001.
El seguro de bienes comunes se consolida como un elemento clave en la protección del patrimonio colectivo en Colombia, en un contexto donde más de 43.000 copropiedades cuentan con cobertura y el valor asegurado supera los 507 billones de pesos. Sin embargo, la distribución geográfica de ese aseguramiento, las brechas en cobertura y la necesidad de adaptar las pólizas a nuevas condiciones estructurales plantean retos tanto para el sector asegurador como para los administradores de propiedad horizontal.
Los datos de Fasecolda, la Federación de Aseguradores de Colombia muestran que el aseguramiento de bienes comunes en Colombia está altamente concentrado en las principales ciudades del país. Bogotá lidera con 141 billones de pesos asegurados, equivalentes a 28 por ciento del total nacional, seguida por Medellín con 117 billones de pesos, que representan 19 por ciento.
En conjunto, ambas ciudades concentran cerca de la mitad del valor asegurado en copropiedades, lo que evidencia una mayor penetración del seguro en zonas urbanas con alta densidad de edificaciones bajo régimen de propiedad horizontal. Más atrás se ubican Cali, con 40 billones de pesos (8 por ciento), y Barranquilla, con 18 billones de pesos (6 por ciento), mientras que el resto del país agrupa 39 por ciento del total asegurado.
Esta distribución refleja no solo el tamaño del mercado inmobiliario en estas ciudades, sino también una mayor cultura de aseguramiento frente a riesgos como incendio y terremoto, que son las coberturas mínimas exigidas por la normativa vigente
¿Qué cubre y cómo se activa la póliza?
Este seguro está diseñado para proteger las áreas comunes de los edificios y conjuntos residenciales. En la práctica, cubre elementos estructurales como columnas, vigas, techos, fachadas, ascensores y redes internas, es decir, todos los componentes que permiten el funcionamiento del inmueble.
La ley exige que, como mínimo, estas pólizas incluyan cobertura frente a incendio y terremoto. Sin embargo, muchas copropiedades amplían la protección para incluir eventos como daños por agua, explosiones o fenómenos naturales adicionales.
El funcionamiento de la póliza se activa cuando ocurre un evento cubierto. En ese momento, la administración del edificio —generalmente a través del administrador o la copropiedad— reporta el siniestro a la aseguradora, que evalúa los daños y determina la indemnización correspondiente según las condiciones contratadas.
Este proceso implica una valoración técnica de los bienes afectados y la verificación de que el evento esté dentro de las coberturas pactadas.
¿Quién lo paga y cómo se financia?
El costo del seguro no lo asume un propietario individual, sino que se distribuye entre todos los copropietarios del edificio. Este valor se incluye dentro de la cuota de administración, lo que permite financiar la póliza de manera colectiva.
El monto que paga cada residente depende del coeficiente de copropiedad, es decir, de la participación que tiene cada unidad dentro del conjunto. De esta forma, el seguro se convierte en un gasto común, similar al mantenimiento o la vigilancia.
Este esquema garantiza que todos los propietarios contribuyan a la protección del patrimonio compartido, ya que los bienes asegurados no pertenecen a una sola persona, sino a toda la comunidad.
Los cambios que vendrían para los copropietarios de conjuntos residenciales en Bogotá si se aprueba la propuesta del Presidente Gustavo Petro.
¿Cómo se define el valor asegurado y los retos del sistema?
Uno de los aspectos clave en el funcionamiento del seguro es la definición del valor asegurado. Este debe corresponder al costo de reconstrucción del inmueble, no a su valor comercial. Es decir, lo que se busca es garantizar que, ante un siniestro, el edificio pueda ser reconstruido en condiciones similares.
En Colombia, el valor total asegurado en bienes comunes supera los 507 billones de pesos, con una alta concentración en ciudades como Bogotá y Medellín, lo que refleja la importancia del sistema en zonas urbanas con alta densidad de copropiedades.
Sin embargo, el funcionamiento del seguro también enfrenta desafíos. Uno de ellos es la actualización periódica de los valores asegurados, ya que el costo de construcción puede variar con el tiempo. Otro es la necesidad de ajustar las coberturas a los riesgos específicos de cada edificación.
Además, el seguro no cubre daños derivados del desgaste o falta de mantenimiento. Por eso, su efectividad depende de una gestión adecuada de la infraestructura por parte de la administración.
En este contexto, el seguro de bienes comunes funciona como un respaldo financiero frente a eventos inesperados, pero su alcance está condicionado por la calidad de la póliza, la correcta valoración de los activos y la capacidad de la copropiedad para gestionar sus riesgos.
Fuente: El Tiempo
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